AGRUPACIÓN SOCIALISTA
de VILLENA

Desde el PSOE de Villena critican el “oscurantismo” con que se ha

llevado este asunto, recalcando que hasta ayer mismo no tenían todos los

informes técnicos que acompañan la propuesta, siendo el Pleno esta

noche. Lamentan que se intente aprobar “con nocturnidad y por despacho

extraordinario”, y eso “pese a que puede ser ésta la decisión más

importante de esta legislatura”, según Isabel Micó, quien advierte que

“traerá quebraderos de cabeza a este y los próximos equipos de

gobierno”.

Micó ha advertido a la ciudadanía de que "no se trata de municipalizar

el servicio de recogida de residuos, ya que ningún informe habla de

esto, sino de una pseudo-municipalización". En este sentido ha acusado a

Los Verdes de querer usar a Villena “para su experimento” (aludiendo a

que la concejala de Servicios dijo que la gestión directa estaría 6

meses de prueba). Y es que “no hay datos económicos fehacientes y

suficientes para determinar si realmente Villena saldrá ganando con esta

gestión”, añadía la edil socialista, pues el propio Interventor

Municipal apunta que para saberlo “habría que retrasar el análisis al

menos 6 meses”.

Por todo ello insistía en que es un expediente “lleno de

irregularidades”, por lo que el PSOE no descarta plantear un recurso

contencioso contra el mismo “a menos que la propuesta cambie

radicalmente a última hora, algo que, viniendo de Los Verdes, no sería

extraño”, decía Micó. Y es que al parecer la propuesta que se piensa

llevar al Pleno esta noche, está firmada por la edil de Servicios, Mari

Carmen García, el 12 de mayo de 2017. Al respecto asegura que si nada

cambia, “simplemente estaremos municipalizando los pliegos por los que

se ha regido la empresa concesionaria todo este tiempo”, así que “no

supondrá ninguna mejora para Villena, pues seguirá la recogida 6 días a

la semana y aspectos tan molestos como las sopladoras”.

Según ella todo esto forma parte de “la marca verde, donde las prisas,

la contradicción y el desorden siempre están presentes”, pero lo que

les parece “muy grave” es que “no se haya pedido la participación

ciudadana para este proceso”, pese a que el expediente de

municipalización en el que se han gastado 8.500 euros incide en que “el

Ayuntamiento está obligado a ello”.

Los trabajadores, en una situación “complicada”

Por su parte Fulgencio Cerdán expresaba la preocupación de su grupo por

el futuro laboral de los empleados de la concesionaria que pasarán a

formar parte de la plantilla municipal el 1 de octubre. "A día de hoy,

no está garantizada la nómina de octubre porque no hay una propuesta de

modificación de la plantilla y ahora tocará sentarse con los sindicatos a

negociar, y después, en un pleno extraordinario aprobarlo". “Además

varios trabajadores han sido contratados una vez se sabía que se iba a

municipalizar este servicio, por lo que parece que se haya hecho a

dedo”, aventuraba.

El concejal del PSOE también comentaba que se trata de una absorción

temporal por espacio de seis meses, hasta que se decida qué hacer con el

servicio. “Si se quedan después, la ley obligará a convocar

oposiciones, pero si no aprueban se pueden ir a la calle, y el

Ayuntamiento entonces tendría que pagarles la indemnización, que en

algunos casos sería por los servicios prestados desde 1985”, explicaba

Cerdán. Y aseveraba que estos empleados tienen pactado con la empresa un

aumento salarial para 2018 y 2019 “pero ahora quedará en el aire, ya

que pasará a depender de que lo autoricen los Presupuestos Generales del

Estado”.

Por último se refería a que, pese a llevar desde mayo anunciando la

municipalización, no se sabe dónde se va a instalar el servicio, “porque

el alcalde dice que se ha alquilado una nave, pero no consta ningún

contrato”. Y no se sabe cómo se va a gestionar el servicio, “porque los

departamentos municipales están saturados”, manifestaba Cerdán, según el

cual únicamente se sabe que “se va a contratar una persona a dedo, por

un máximo de 18.000 euros, y cuando alcance esa facturación tendrá que

dejar de trabajar, porque es lo que la ley permite”.

Carolina González (EPDV)